La Constitución Política del Ecuador de 2008 es un referente en el
reconocimiento de principios y derechos humanos. No obstante, en el actual
contexto se perfilan grandes tensiones referidas a la garantía y el real ejercicio de
estos derechos, en muchos casos reduciéndose a un simple reconocimiento formal.
La respuesta del Estado no siempre se la mira coherente con el espíritu de la
Constitución de Montecristi; por el contrario, se observan acciones estatales de
restricción y deslegitimación de la defensa de los derechos humanos.
En el caso de los derechos de movilidad humana, también se evidencian
estas tensiones, a pesar de la vigencia desde hace ya tres años de la Constitución
que consagró principios y derechos claves referidos al tema. Estos nudos críticos
se traducen en situaciones de discriminación e inclusive de violencia, en contra de
personas de otra nacionalidad, contradiciendo la declaratoria del país que dice no
contemplar la categoría de “personas extranjeras”
Este informe, que corresponde al año 2011, recoge algunas de las
principales problemáticas de derechos humanos referidas a movilidad humana, al
tiempo que busca ubicar sus causas y nudos críticos, para lo cual se examinaron la
normativa, las políticas y las prácticas institucionales, a partir de las obligaciones
del Estado en materia de derechos humanos, particularmente de las personas en
movilidad.
Debido a la complejidad del tema y a la naturaleza del informe, éste noagota
?ni pretende agotar? el análisis de la problemática concerniente a la movilidad
humana, sino que se limita a poner en evidencia los aspectos que requieren
atención y respuestas oportunas para evitar vulneraciones a estos derechos. Así, el
enunciado de algunas temáticas constituyen alertas, con el objeto de provocar y
generar mayor análisis y profundización sobre ellos. Por otra parte, el informe
ofrece información general sobre los derechos de las personas en movilidad
humana, en particular los concernientes al derecho a migrar, y detiene la mirada
en el análisis de ciertos derechos que han tenido relevancia en el período, tales
como el derecho a la identidad y a la educación.
La información contenida en este informe tiene como fuente aquella
aportada por instituciones públicas y privadas, con base en 52 entrevistas, de las
6
cuales 29 fueron realizadas a funcionarios y funcionarias estatales y 23 a personas
de organizaciones, ONG y organismos internacionales. El levantamiento de esta
información se realizó en la ciudad de Quito y en las provincias de Esmeraldas,
Carchi, Imbabura, Sucumbíos, El Oro, Loja y Zamora Chinchipe. Además, se
realizaron ocho peticiones de información a instituciones estatales relevantes en el
tema de movilidad humana, entre ellas, los Ministerios del Interior; de Relaciones
Exteriores, Comercio e Integración; de Justicia, y de Educación, así como la
Secretaría Nacional del Migrante (SENAMI), la Policía de Migración, y el Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
Con esta base, este informe pretende generar una visión amplia de lo que
ocurre con los derechos de las personas en movilidad, y ofrecer elementos para
fortalecer las acciones de incidencia de las organizaciones e instituciones que
trabajan en la promoción y defensa de estos derechos. De la misma forma, se
aspira que las recomendaciones contenidas en el informe sean acogidas por las
instituciones del Estado ecuatoriano en la elaboración, evaluación y reformulación
de políticas públicas relacionadas con los derechos de la población en
movilidad,que aporten a la construcción de la tan esperada y necesaria normativa
sobre movilidad humana.
Finalmente, este informe reconoce el trabajo de las y los profesionales que
forman parte de los equipos de atención a personas en movilidad, que
cotidianamente buscan que el Ecuador sea en la prácticael país deciudadanía
universal.
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